Revisión de actos administrativos

La administración puede declarar de oficio, con la intervención preceptiva de la Comisión Jurídica Asesora, la nulidad de pleno derecho de actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recorridos en plazo, así como la anulabilidad, de los actos dictados que considere lesivos para el interés público y que, previo recurso de lesividad, puede impugnar ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.